EDITORIAL

GUALEGUAYCHÚ: DE "CAUSA NACIONAL" A CONDUCTA DELICTIVA

El propio Néstor Kirchner, hace pocos años, definió a la lucha contra Botnia como “causa nacional al mismo nivel que Malvinas”. Ahora, con Aníbal Fernández como punta de lanza, los K dicen que van a actuar “con el Código Penal en la mano”. Y el gobierno querella a los asambleístas por el corte de ruta que motorizó la agenda ambiental en el país.
Este giro político tiene dos causas: por un lado, el gobierno leyó claramente después del 2001 que en este país ya no hay condiciones para reprimir abiertamente. Esa es una conquista popular de enorme peso. Los K se han cuidado, desde el inicio de su gestión, de confrontar en forma directa con los trabajadores y los sectores populares movilizados. Saben que no resistirían la respuesta de repudio masivo ante esa eventual decisión, como pudieron comprobarlo cuando ordenaron reprimir a los obreros de Terrabusi-Kraft el año pasado.
Además, hay otra razón profunda que explica la necesidad del gobierno de reprimir judicializando. Trata de diseñar una política preventiva para amedrentar a todo el pueblo. Por eso inicia causas penales con imputaciones graves (y penas de 8 a 20 años, no excarcelables) a los nuevos dirigentes y organizaciones independientes que enfrentan las mentiras de los K y los intentos del régimen por normalizar la situación política en un país que cambió tras el 2001. Este falso progresismo usa a barrabravas y patotas sindicales buscando desactivar los reclamos.
Intentan enchalecar la respuesta social al ajuste que deberán ir profundizando para hacernos pagar la crisis capitalista mundial a los de abajo. Los K y la burguesía saben que en el horizonte cercano hay nubarrones de rebelión ante las consecuencias de la crisis que ya golpea duro en esta Argentina semicolonial y dependiente. Bajo el “gobierno de los derechos humanos” existen presos políticos por reclamar y pesan causas contra más de 4.000 luchadores populares. Hostigan a Gualeguaychú. Procesan a Segovia del subte, Bogado de Terrabusi y otros dirigentes y activistas obreros. Condenan a prisión a militantes de Quebracho. En Provincia de Buenos Aires aplican el “Plan de Protección Integral de los Barrios”, o sea su ocupación por la Federal. En Capital usan a la Metropolitana de Macri y con el Código Contravencional procesan luchadores.
La Gendarmería reprime a los ambientalistas de Andalgalá y Chilecito. Estos hechos desnudan toda la falsedad del doble discurso oficial en materia de derechos humanos. Criminalizar la protesta es una variante de represión a los luchadores y el movimiento de masas. Y lejos quedó la promesa K de derogar los artículos más nefastos del Código Penal, dignos de la dictadura…
Frente a este panorama, más que nunca hay que desarrollar una amplia y unitaria movilización para enfrentar esta avanzada represiva. Hay que fortalecer el espacio Memoria, Verdad y Justicia, que es un punto de referencia de decenas de organizaciones. Hay que enfrentar la judicialización de la protesta social. Hacer una campaña nacional por la libertad inmediata de los presos políticos como Roberto Martino, encarcelado por repudiar al Estado nazi de Israel, y Juan Carlos Beica, acusado de antisionista; para derrotar la provocación contra la lucha de Gualeguaychú; para imponer el desprocesamiento de todos los luchadores gremiales, estudiantiles y populares.
En el camino de enfrentar estas políticas autoritarias y represivas, el MST participa de múltiples iniciativas. Una es la campaña por Segovia. Vilma Ripoll estuvo en los juicios a Bogado. Junto a Marcelo Parrilli también asistieron a los actos por Quebracho. Como diputado, Parrilli presentó proyectos por dirigentes como el docente Carlos Oroz, de Ademys, a quien quieren juzgar dos veces por el mismo hecho. Nuestra JS participa de la pelea por los estudiantes procesados. El Teresa Vive también está en radios abiertas, marchas y actos. Y no dejaremos de hacer todo esto y más.
Una buena oportunidad para expresar mayor unidad en las calles es construir una gran movilización el 26 de junio, nuevo aniversario de la Masacre de Avellaneda donde cayeron asesinados Maxi Kosteki y Darío Santillán. Aún siguen impunes los responsables políticos de esas muertes, empezando por el entonces presidente Duhalde y varios miembros de su gabinete.
En cada provincia y municipio es preciso encarar junto a las demás organizaciones obreras, populares y democráticas estas tareas de primera importancia para enfrentar la judicialización de los conflictos sociales y toda limitación a los derechos de peticionar, de organizarse, de manifestar y de resistir las políticas capitalistas de ajuste.